La factura electrónica

Pese a que la factura electrónica es ya obligatoria en los contratos entre las Administraciones y sus proveedores desde el 15 de enero de 2015, las dudas y algunas lagunas de información están acompañando los primeros días de su puesta en marcha. De hecho, la operadora global Seres ha elaborado un amplio y detallado informe donde se puede ver cuáles son las preocupaciones más comunes con este sistema que se vaticina que poco a poco se vaya implantando en las empresas.

Entre ellas figura el hecho de que aunque algunas entidades públicas se hayan adherido formalmente a FACe, no significa que estén preparadas técnicamente para realizar pruebas. Tampoco se sabe si hay un límite para no estar obligado a dar factura electrónica. La ley permite dar una opción adicional a los proveedores de emitir factura en papel siempre y cuando la entidad pública notifique formalmente esta posibilidad. El límite máximo es de 5.000€ aunque la entidad puede indicar una cantidad menos, según informa Seres.

Por otro lado tampoco existe claridad de qué información se necesita incluir obligatoriamente en la factura electrónica para que su tramitación sea correcta. A raíz de la Ley 25/2013 es necesario indicar los campos DIR3, es decir, la relación entre oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora. Hay algunas entidades públicas que solicitan información adicional como códigos de expediente, pedido… De hecho desde Seres se pone énfasis en que no existe una fuente donde se informe, oficialmente y de manera clara y precisa, de todos los puntos de entrada operativos, lo que supone una dificultad añadida para las empresas. Esta información resulta especialmente crítica para los proveedores que trabajen con las administraciones locales.

(Noticia completa en: blogdegestiondocumental.com)